Incierto futuro para otras 39 familias

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Corren el riesgo de ser desalojados a pesar de que cuentan con constancias ejidales y han construido en esos predios en los que habitan, algunos desde hace más de 30 años

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Doña Prudencia Pech le pidió a sus hijos que empiecen a desbaratar lo que sería un cuarto que estaba en proceso de construcción

 

Tizimín; 23 de noviembre.- Unas 39 familias que habitan en predios del norte de la ciudad, a un costado de la carretera hacía la comunidad de Chenkekén duermen y viven intranquilos al no saber cuál será su destino en los próximos días, toda vez que han recibido amenazas de un licenciado que promueve el desalojo de predios aledaños desde hace algunas semanas.
Como recordarán nuestros lectores hace unas 3 semanas dimos a conocer en este mismo espacio el desalojo de al menos 20 familias en un predio aledaño; y ahora, otro grupo con viviendas cimentadas y algunos hasta con apoyos del IVEY han recibido el aviso de que en prevé serán desalojados bajo el argumento de que el “legítimo” propietario ha ganado el juicio.
La preocupación crece porque han acudido a diversas instancias sin que nadie les confirme de quién es el terreno y aseguran que incluso personal del ayuntamiento ha acudido al lugar y les señala que no hay nada que hacer porque el terreno tiene un solo dueño, pero no les dicen quién es.

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Al fondo se aprecia una construcción avalada por el IVEY pero fue desalojada

Con copias que obran en poder de la redacción de este portal de noticias, los afectados, en su mayoría madres de familia enseñaron las constancias expedidas por el comisariado ejidal en diferentes turnos, es decir,  que algunas tienen hasta 30 años de estar habitando esos predios y han forjado un patrimonio sin que durante ese tiempo hayan vivido algún problema de esta índole.
Con esas constancias, algunas familias han conseguido ser beneficiarias con programas de vivienda, incluso guardan celosamente los recibos con los que cubrieron los pagos de la parte que les corresponde en el programa de ampliación de vivienda.
Además han asistido al Registro Público de la Propiedad en la ciudad de Mérida a averiguar de quién es el terreno del que se les anticipa serán desalojados y el resultado arroja que es propiedad de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (CORET), sin embargo, esta dependencia también se deslinda cuando los afectados le ofrecen pagar poco a poco los terrenos en los que han construido sus casas.

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Otras familias ya desmantelan sus humildes viviendas antes de que se cumpla la amenaza porque fueron testigo como sacaron a sus vecinas

La preocupación crece debido a que fueron testigos de cómo con la ayuda de maquinaria pesada y con la presencia de la fuerza pública desalojaron a la primera parte de al menos 20 familias en la primera etapa del predio en cuestión, y ahora a quienes habitan en la calle principal los amenazan todos los días de que en cualquier momento les destruirán sus casas.
Lo extraño de este caso, es que las instancias gubernamentales, como el IVEY aceptan las constancias ejidales como documento legal para ayudar a las familias con una ampliación de vivienda.
Los afectados indicaron que ahora por cada documento similar tiene un costo de alrededor de 800 pesos, pero el riesgo es el mismo, es decir, no existe la certeza jurídica de la legal propiedad por lo que está ocurriendo con estos lotes, que según los afectados no fueron invadidos, sino que los adquirieron bajo la sesión de derechos avalados por el presidente del comisariado ejidal como muchos de los que se han expedido en la actualidad.